De eléctricas, trust y trilerías

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/8706
Viernes 14 de Octubre de 2011 00:00
Antonio Morales Méndez Lo he escrito en muchas ocasiones y no puedo sustraerme a seguir haciéndolo: todo lo que gira en torno a las grandes eléctricas que operan en España huele a podrido. Huele a abuso desde una posición oligopólica y ventajista que somete a los ciudadanos encareciendo los recibos de la luz a su antojo y de manera organizada; somete a los gobiernos de turno que no se han atrevido nunca a ponerles el dogal, después de que en 1996 José María Aznar privatizara por cuatro perras a las eléctricas públicas españolas; somete a los partidos políticos a los que no dudan en financiar y en poner a personas claves de estas organizaciones en sus consejos de administración con suculentas dádivas para tenerlos a su servicio (Felipe González, Solbes, Aznar, Roca, Serra…); someten a los medios de comunicación empleando cantidades millonarias en campañas publicitarias para vendernos “actitudes azules” y sostenibilidad (Endesa-Enel) o “electricidad verde” (Iberdrola), y hasta la Justicia toma decisiones que cuestionan su independencia y su obligación de hacer cumplir la Ley a todos por igual (si todo no fuera tan opaco podríamos saber si algunos preclaros ex magistrados se sientan también en sus órganos de gobierno). He hablado de ello en muchas ocasiones, pero no debo ni quiero dejar de seguir compartiendo con ustedes lo que sucede en este mundo de truts y oligopolios y las andanzas en los últimos meses de Unesa (la patronal del sector presidida por Eduardo Montes) y sus acólitos para doblegar al Estado, a sus instituciones y para estafar a los ciudadanos. De todos es conocido que las energías renovables, la posibilidad de que se democratice la producción de electricidad y de que la generación distribuída y cercana se afiance y tome la realidad les produce urticaria. Por eso no dudan ni un segundo en atacarlas y en crear campañas de presión mediática y de contrainformación para hacerles el mayor daño posible. Y lo van consiguiendo poco a poco. De hecho, ya han conseguido un gran logro: han hecho desistir al gobierno socialista de seguir apostando por convertirnos en referencia mundial en energías limpias. Por eso las duras campañas continuadas para denunciar las primas a las renovables que, como se ha demostrado en distintas ocasiones, son más baratas que las subvenciones otorgadas al carbón, a la nuclear, a la introducción del gas o a los ciclos combinados. Por eso en las últimas semanas no han cesado de atacar el Plan de Energías Renovables (PER) puesto en marcha por el ministro Sebastián. ¿Se acuerdan de aquellas campañas de denuncia a las fotovoltaicas por “fraude masivo” por las que se investigó a más de nueve mil instalaciones? Fue un escándalo nacional, agrandado por muchos medios de comunicación interesados en hacernos creer que las fotovoltaicas eran un bluf carísimo. Pues bien, quedó en agua de borrajas: se demostró fehacientemente que nada era cierto y el ministerio de Industria tuvo que devolver las primas al 95% de las plantas denunciadas. En el mes de junio pudimos comprobar además como la energía solar batía su propio record y producía el 5% de toda la generación eléctrica española. Por eso la dura cruzada en la que se encuentran inmersos en estos momentos para, una vez conseguido que se recortaran las retribuciones a la fotovoltaica, hacer lo propio con la eólica. Y lo están logrando, vaya si lo están logrando. Por lo pronto la propuesta del Gobierno formula una rebaja del 40% sobre la asignación actual, una reducción importante en las horas de energía retribuida, lo que perjudica especialmente a Canarias que cuenta con más horas de rendimiento que cualquier otra comunidad, y desprecia la eólica marina, que camina a grandes pasos en Europa. Esto significa la pérdida de más de quince mil puestos de trabajo (la mitad del empleo en el sector) y miles de millones de euros de inversión. Y, al tiempo que boicotean las renovables, presionan de nuevo desaforadamente al Gobierno para subir la tarifa eléctrica a los hogares y las industrias, escudados en esa subasta tramposa que ejecutan cada trimestre (trampean los datos de producción y de distribución y transporte cada vez de manera más sofisticada). Nos han subido la factura en más de un 50% en los últimos meses y pretendían en esta ocasión hacerlo en casi un 6% más. Nos salvó la campana de la precampaña electoral pero volverán a la carga pasadas las elecciones con muchísimas probabilidades de éxito ya que tanto el PP como el PSOE nos insisten en que el déficit es insoportable y Unesa -que ha recurrido al Supremo- mantiene que la congelación del recibo de la luz es “irracional” y que “los consumidores tienen que saber que si no es ahora, lo pagarán más adelante”. Más claro, agua y más cara (de jeta), imposible. Y eso que España es el tercer país de Europa que más paga por la electricidad y que las tarifas han subido es este país en un 80% desde 2004. Afortunadamente el Gobierno nos alumbra un poquito de esperanza al pedirle a la CNE que investigue las subastas eléctricas ante la sospecha de que los precios en el mercado mayorista estén siendo manipulados. La decisión de la CNE de ponerse a ello –ya empezó a investigar los mecanismos de aumento de precio en las vísperas de las subastas en los mercados financieros OTC- coincide con la aprobación de un reglamento por el Parlamento Europeo que pretende cortar de raíz con el tráfico de información privilegiada y también con la apertura de un expediente a España por no aplicar las reglas sobre electricidad, gas y bancos y no integrar en su legislación una verdadera liberalización del mercado. Por otra parte, la CNE no deja de evidenciar, desgraciadamente sin resultado alguno como señalan las asociaciones de consumidores, la “indefensión” de los clientes frente a las eléctricas y la falta de competencia en los mercados de luz y gas; la Seguridad Social denuncia ante la CNC y la CNE los obstáculos que le pone el oligopolio para suministrarse en el mercado libre y la CNC impone unas multas a Unión Fenosa y a HC por un total de 2,3 millones de euros por abuso de posición de dominio. ¿Les suena? Efectivamente, es otra multa más que se añade a la sanción de 61,2 millones de euros que la CNC aplicó, por pactar precios, a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía, Eon y, por complicidad, a la propia Unesa, el pasado mes de mayo y que ¡paradójicamente! ha suspendido cautelarmente la Audiencia Nacional con el argumento de que se trata de “una suma suficientemente elevada como para apreciar perjuicios que justifiquen la suspensión de este punto”. Sí, es así, no se pellizquen, no están soñando. Se suspende la sanción porque si la pagan ¡les puede perjudicar! Da verdadera rabia ver como la Justicia también se pliega. ¡Les puede producir daño pagar esta multa a unas empresas que solo en el primer semestre han ganado la friolera neta de 3.668,6 millones de euros (Iberdrola 1.563 millones (un 6,6% más); Endesa 1.283 millones (un 6% más); Gas Natural Fenosa 822 millones (un 3,6% más)…)! ¡Iberdrola no puede pagar una multa de 21,6 millones de euros por estafarnos a todos pero si pagarle a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por honorarios en este primer semestre, la friolera de 7,4 millones de euros y a su Consejo de Administración 14,8 millones, un 33,2% más que lo pagado en el mismo periodo el año pasado! Lo dicho: desde la mayor de las impunidades ¡cuanta trilería! Alcalde de Agüimes

HAY QUE JODERSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Muy Sres. nuestros,

En las liquidaciones provisionales realizadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el pasado mes de septiembre, correspondientes al mes de Junio de 2011 en su revisión m+3 y al mes de Agosto de 2011, y cuya factura se emitirá en este mes de Octubre 2011, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya ha procedido a aplicar la limitación relativa a las horas equivalentes de funcionamiento (HEF) con derecho a prima o prima equivalente dispuestas en el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre y en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica y fotovoltaica.

La CNE ha utilizado para ello la información estructural adicional de las instalaciones, solicitada por la CNE el pasado mes de Abril de 2011 a través de los representantes, petición que les trasladamos en nuestro escrito del pasado 29/04/2011. La CNE ha tenido en consideración toda la información remitida por los representantes. Tras la finalización del plazo establecido del 30 de septiembre de 2011 para el envío de esta información de forma masiva, se recogerá la nueva información recibida en este segundo plazo y se aplicará en las siguientes liquidaciones.

En el supuesto de que la CNE no disponga de información de una instalación a la que sea de aplicación la limitación de horas equivalentes de funcionamiento o ésta sea incorrecta o incompleta, se aplicará provisionalmente a la instalación el número de horas equivalentes de referencia (HER) más desfavorable correspondiente a su tecnología y grupo normativo.

La limitación en la valoración de la prima correspondiente realizada a través del sistema de liquidaciones SICILIA de la CNE, se realizará con el procedimiento siguiente:

· Se calculará para cada instalación su número de horas equivalentes de funcionamiento, definidas como el cociente entre la producción neta anual en kWh y la potencia nominal de la instalación en kW.

· El mes en el que la acumulación de horas equivalentes de funcionamiento iguale o supere el número de horas equivalentes de referencia anual correspondientes a las características de la instalación será considerado como el mes límite de prima, siendo éste el mes en el que finalizará provisionalmente y a cuenta el derecho al cobro de la prima o prima equivalente en el año. En ese mes las instalaciones percibirán la liquidación correspondiente a la totalidad de la energía generada en ese mes.

· No se llevará a cabo liquidación provisional y a cuenta de prima o prima equivalente de la producción de los meses posteriores al mes límite de prima.

· El mes límite de prima podrá modificarse como consecuencia del

1. envío de nuevas medidas por parte del Encargado de Lectura en las liquidaciones m+3 y m+11 y/ó

2. por posteriores modificaciones documentadas en los datos estructurales de la instalación (potencia nominal de la instalación, en el código municipio INE de la instalación y/ó en su/s subtecnología/s y porcentajes asociados). Las modificaciones de mes límite de prima generarán las regularizaciones correspondientes.

· Cuando se realice la Liquidación del m+11 de diciembre de un año natural, se realizará la Liquidación Provisional Final Tercera, en la que se llevará a cabo la compensación o devolución de las cantidades percibidas por encima de las horas equivalentes de referencia en aquellas instalaciones afectadas por dicha limitación. En esta liquidación se determinará la hora hasta la cual las instalaciones contaban con derecho a percepción de prima equivalente y en función de la misma se procederá a la determinación de la liquidación exacta y a la regularización económica que proceda provisionalmente y a cuenta.

Como refleja el procedimiento de aplicación, las liquidaciones provisionales a lo largo del año quedarán valoradas en dos modalidades, hasta el mes en que una instalación iguale o supere el número de horas equivalentes recibirá la facturación de la energía total del mes valorada a tarifa regulada, y a partir del mes siguiente a ese mes limite, la instalación recibirá la facturación correspondiente a la energía valorada al precio del mercado más, en cada caso, los complementos a los que tenga derecho.

Como ya les informábamos en nuestra petición inicial de datos estructurales, para la determinación de la zona climática en la que se ubica cada instalación se considerará aquella que corresponda al código del Instituto Nacional de Estadística (Cód. INE) del municipio de la instalación. Para conocer la zona climática en la que se ubica su instalación disponen del enlace http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun11/11codmunmapa.htmy, también, del documento básico del Código Técnico de la Edificación, "DA DB-HE / 1 - Zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anua l" (disponible en http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/DA_zonas-climaticas-solar_V01.pdf).

El código INE consta de seis dígitos:

· 2 dígitos identifican la provincia.

· 3 dígitos identifican el municipio.

· 1 digito de control que obtenido mediante una regla de cálculo que evita la grabación de errores en el registro del código.

El digito de control no se incluye en el documento básico del Código Técnico de la Edificación.

Para cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro numero de atención telefónica 902 12 13 24 ó bien mediante nuestra dirección de correo electrónico crc.regimenespecial@iberdrola.es

Reciban un cordial saludo,

Iberdrola Comercializacion Ultimo Recurso,S.A.

Lo que no sabes de tu factura

Territorio Gallego: ¿Qué pagamos con el recibo de la luz?
 minuto  3: 57

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 Lo que no sabes de tu factura 
 
Artículo de Jorge Morales de Labra

En julio de 2009 el Gobierno hizo desaparecer la tarifa eléctrica. La realidad, sin embargo, ha cambiado poco para más de 20 millones de consumidores –aquéllos cuya potencia contratada no supera los 10 kW– que han pasado a estar acogidos a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

El cambio se justificó políticamente porque era necesario crear una tarifa para suministrar a clientes desprotegidos que fueran “maltratados” por las comercializadoras en el mercado libre que pasaban a ser las únicas que vendían energía.

Las grandes Eléctricas consiguieron expulsar de la TUR a las pequeñas (por aquel entonces había casi 300 pequeños distribuidores que vendían a tarifa en toda España), dado que el BOE (RD 485/2009, BOE 4/04/2009) designó a las cinco empresas de UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP-HC Energía y Eon-Viesgo) como “Comercializadores de Último Recurso” (CUR) que son los únicos que están sometidos al régimen regulado de la TUR.

Naturalmente los damnificados (asociados en su mayoría a CIDE y a ASEME) recurrieron y recientemente –como ha recogido la prensa– el Tribunal Supremo les ha dado la razón.

Pues bien, la Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula como suma de tres componentes:

1. Las tarifas de acceso a redes (peajes), que son las mismas que deben aplicar los comercializadores en el mercado libre; 
2. El coste de la energía (lo que algunos denominan la parte “liberalizada” de la TUR); y 
3. El margen reconocido a los CUR.

El coste de energía de la TUR se calcula a partir de unas fórmulas relativamente sencillas publicadas en el BOE (Orden ITC 1659/2009, BOE 23/06/2009), por lo que el Gobierno tiene poco margen para actuar sobre él.

Por esta razón, la intervención política se ha centrado en la fijación de los peajes, de forma que se han subido y bajado sin planificación previa dependiendo de la evolución de los costes de la energía.

Este juego es muy peligroso porque de los peajes se deriva el famoso –y de cuantificación muy discutible– déficit de tarifa, dado que una bajada en los mismos no supone que las Eléctricas dejen de ingresar cantidad alguna, sino que el Gobierno reconoce la deuda y pospone su pago a largo plazo.

Hasta aquí lo más o menos conocido.

Lo que no lo es tanto es que la fórmula de cálculo de la TUR tiene dos componentes principales:

1. La estimación del precio medio aritmético del mercado diario –pool– y 
2. La estimación de una serie de coeficientes de ajuste de éste, derivados de aspectos técnicos.

Para la estimación del precio del pool se utiliza principalmente el resultado de una subasta celebrada unos 10 días antes del comienzo de cada trimestre, la conocida subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, “CESUR”.

El resultado de estas subastas es escandaloso, porque desde el tercer trimestre de 2009, cuando se puso en marcha la TUR, siempre han arrojado un precio superior al que luego ha resultado ser el precio del pool, esto es,

el precio de futuro siempre sobreestima el precio de contado. En general suelen sobreestimar el precio entre un 10 y un 20% aunque en una ocasión –primer trimestre de 2010– llegaron a superar el 50%.

En total, en los dos años de vida del sistema, el beneficio adicional derivado de esta diferencia de precios entre las subastas CESUR y el mercado de contado asciende a cerca de 1.100 millones de euros.

El Gobierno defiende el hecho diciendo que se trata de un “seguro” contratado a priori contra la subida futura del precio de la energía. Lo que no está claro es que si los consumidores conocieran su coste estuvieran dispuestos a pagarlo.

Algunas voces ya han denunciado esta parte, incluso se han filtrado a la prensa algunas informaciones que apuntan a bancos de inversión como los principales vendedores en la CESUR y, por tanto, principales beneficiarios de esta sobreestimación.

Sin embargo, no se ha publicado ningún análisis riguroso sobre el verdadero destino. Esto es, es claro que algunos agentes toman posiciones especulativas en la CESUR, vendiendo energía sin tenerla; pero antes o después tienen que cerrar su posición y, por tanto, comprar energía típicamente al que la produce. Casi ningún agente vendedor en la CESUR mantiene su posición abierta hasta el momento de entrega, sino que antes la compra a las propias Eléctricas que, inmediatamente, se convierten en cómplices necesarios de la operación –y de su beneficio–.

Pero resulta que sobre el segundo componente de la TUR: los coeficientes de ajuste, el escándalo no es en absoluto despreciable y, en algunos períodos, es aún mayor que el derivado de la CESUR.

En efecto, los citados coeficientes incluyen el denominado coeficiente por apuntamiento, que estima la variación entre el precio ponderado de la energía y el precio aritmético del pool.

Esto es, dado que el consumo de los clientes acogidos a la TUR no es plano, es previsible que el precio al que deben comprar las CUR no coincida con el precio aritmético, que es el que se fija a través de la CESUR. El coeficiente de apuntamiento se calcula a partir de valores del año anterior que pueden ser muy diferentes a los del año en curso.

Además de éste, se suman otros coeficientes como una estimación de los sobrecostes del sistema, esto es, los servicios técnicos para que el resultado del mercado sea técnica viable (claramente controlados por las Eléctricas que son los que los cobran), los pagos por capacidad –tan de moda estos días debido a la campaña de UNESA para aumentarlos sustancialmente en favor de las centrales de gas–, las pérdidas de energía en las redes y ¡hasta una prima de riesgo del CUR!

Este último merece especial atención dado que, mediante él, el Gobierno reconoce que puede equivocarse en los cálculos anteriores de modo que los precios sean finalmente superiores.

Para no hacer incurrir a las CUR en pérdidas el Gobierno les reconoce una prima de riesgo; pero lo grave es que si ocurre lo contrario, esto es, si los costes finalmente son inferiores a los reconocidos, las CUR no deben devolver el dinero.

El problema principal, por tanto, es que a las CUR se les reconocen a priori unos costes por el suministro de energía a precios regulados que luego resultan ser siempre superiores a los que realmente hacen frente.

La diferencia entre ambos no es en absoluto despreciable y acumula, tras dos años de funcionamiento, cerca de 1.400 millones de euros de sobrecostes para el consumidor.

Los resultados del primer trimestre de este año 2011 son especialmente clarificadores: el Gobierno subió la TUR en torno a un 10%, lo que supone unos 225 millones de euros de ingresos adicionales para el Sector al trimestre; la diferencia entre el coste afrontado por las CUR y el precio reconocido ha sido en ese mismo trimestre del orden de 275 millones de euros, de los cuales en torno al 30% se debe a la sobre estimación del precio del pool y el resto a los coeficientes técnicos.

El margen trimestral reconocido a las TUR es de unos 75 millones de euros al trimestre que se suma al obtenido por las diferencias de precios anteriormente descritas. Esto es,

en el primer trimestre de 2011 el beneficio de las CUR ha sido de unos 350 millones de euros: más de cuatro veces el previsto.

En conclusión, la subida de la luz del primer trimestre de 2011 no ha servido para aliviar el déficit de tarifa, ni para pagar las renovables, ni siquiera para las compensaciones del carbón. La subida ha ido directamente a las cuentas de resultados de las CUR que actúan en régimen de oligopolio por imposición del BOE.

La situación contrasta con la del Sector Fotovoltaico al que, además de culpabilizar de todos los males del Sector, se le ha dinamitado con un recorte de 185 millones de euros trimestrales que supone un 27% de sus ingresos y que, a pesar de ser calificado por el Gobierno como trascendental para “cuadrar” las cuentas del Sector, es ridículo en comparación con los beneficios adicionales de las CUR.

http://www.fundacionrenovables.org/2011/09/lo-que-no-sabes-de-tu-factura-electrica/

El 'corralito' fotovoltaico: ¡Qué flaca memoria!

 

http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=577

       Patricia Ruiz   26/06/2010 06:00h

En el año 2004, se publica en el BOE el Real Decreto 436, que establece un marco jurídico para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en España, mediante la concesión de primas a la producción de electricidad mediante esta tecnología. En el año 2007 se le da continuidad a esta norma con el Real Decreto 661. Hoy, los mismos partidos que aprobaron estas regulaciones reniegan de las mismas, con el agravante de que culpan a aquellos ciudadanos que se acogieron a las mismas, de unos males (el déficit tarifario, entre otros) de los que el único responsable es la errática política energética de este país.

Estas normas, emitidas por un país de la Unión Europea y dentro de un marco regulatorio estable, tenían en su momento como objetivo atraer a los inversores a este sector, con el objeto de impulsar el desarrollo de esta tecnología en España, cuando los gobernantes sentían una gran preocupación por el cambio climático, la protección del planeta y el desarrollo de nuevas actividades industriales, que nos convertirían en la potencia mundial de esta tecnología.

Y consiguieron su objetivo: inversores pequeños y grandes, particulares e institucionales, decidieron invertir sus fondos en proyectos amparados por la legalidad y con rentabilidades razonables. Proyectos no sólo de generación de electricidad, sino también de carácter industrial. Y autoridades del Estado, desde el Ejecutivo hasta los miembros de las corporaciones locales, coparon páginas de periódicos y tiempos de información inaugurando nuevos proyectos fotovoltaicos, “que generaban electricidad limpia, empleo y riqueza” para el país. ¡Éramos el país líder de la fotovoltaica en el mundo! ¡Qué flaca memoria!

Sin embargo, mucho se ha dicho, y poco bueno, en los últimos meses acerca de este sector y sus inversores y agentes: en general, comentarios desinformados y sin base. Partidos políticos de todas las tonalidades, empresas y grupos de presión varios han llevado a cabo una ponzoñosa política de desprestigio y de difamación de este sector. Por cierto, todavía no he oído a Greenpeace y los verdes manifestarse a favor de las energías renovables: las energías limpias no interesan a nadie. Y tampoco se ha dado repercusión a las declaraciones de la Comisión Nacional de la Energía negando el tan publicitado “fraude fotovoltaico”. ¡Qué flaca memoria!

Sin entrar en las críticas técnicas y económicas al sector (que, extrañamente, no son de aplicación para países tan “dudosos” como Alemania donde no sufren ningún déficit de tarifa a pesar de incentivar al sector mediante primas), sí quisiera profundizar en el perfil del inversor que ha puesto sus ahorros y confianza en este sector.

Partiendo de la simple asunción de que ahorrar no es delito, sino que, según parece, todo lo contrario, más de 50.000 ahorradores de este país han confiado en los últimos cinco años en el Estado, depositando sus ahorros en proyectos fotovoltaicos. Y les recuerdo: no se trataba de inversiones en “bienes tangibles”, cualquiera que sea el concepto subyacente en esta definición, sino en un sector regulado por el propio Estado.

Porque, ¿qué había de malo en invertir en una actividad amparada por el Estado, que producía electricidad limpia en un momento en que todos creíamos a pies juntillas en el cambio climático (¡qué flaca memoria!); que se instalaba (en la mayoría de los casos) en zonas con menor actividad económica (recordemos que la España soleada es precisamente el sur del país), creando empresas y puestos de trabajo, además de contribuir a las economías locales vía impuestos y aportaciones varias, si se obtenía una rentabilidad del 10%?

Porque esa es la “especulativa” cifra de la que estamos hablando: el inversor fotovoltaico ha realizado inversiones con una rentabilidad esperada algo superior a un habitual coste de capital del 8-9%. Y, por cierto, rentabilidad que aún no han disfrutado, porque en su gran parte están devolviendo a las entidades financieras (que también confiaron en el Estado) los préstamos que, como cualquier ciudadano, solicitaron.

Sí: los mismos bancos que nos ayudaron a todos los españolitos de a pie a comprar una vivienda. Es decir, que si un ahorrador considera que, para colocar sus ahorros en un lugar distinto a los bonos del Estado, requiere una rentabilidad superior al 8-9%, no parece que un retorno del 10% en 25 años sea especulativo. Les recuerdo que el nuevo plan de infraestructuras del Ministerio de Fomento tiene como objetivo incentivar a sus partícipes con rentabilidades en este entorno. ¡Qué contradicción!

Las amenazas del Gobierno de reducir de modo retroactivo (perversa palabra) los ingresos que esos 50.000 ahorradores tenían previsto utilizar en primer lugar para devolver la deuda contraída supondría que los ingresos que generarían sus inversiones no permitirían siquiera devolver la financiación bancaria, quedándose por tanto sin capacidad siquiera de recuperar sus ahorros, llevándoles a la quiebra: es decir, el Gobierno habría atrapado miles de millones de euros de ahorro en unas inversiones legalmente ilíquidas y ruinosas, por las que los ahorradores han pagado los impuestos correspondientes durante estos cinco años, y tendrán la obligación de asumirlos en el futuro, aún sin ingresos suficientes para pagarlos. A mí, eso me recuerda un “corralito”, similar al de De la Rúa en Argentina en 2001. ¡Qué flaca memoria!

Si estos ahorradores han confiado en un marco normativo y es el propio Gobierno el encargado de desmontarlo, ¿serán estos inversores capaces de volver a confiar en su Estado en el futuro? ¿Cómo restituirá el Gobierno la confianza del ahorrador? ¿Y la de los bancos españoles y extranjeros? ¿Cómo podríamos esperar que este muy nuestro “corralito” no se repitiera en otros sectores? Porque no olvidemos que se pueden hacer “corralitos” por muchos medios, todo es empezar… Y miedo me da la creatividad de los políticos, que se están acostumbrando a legislar “a martillazos”.

Hay personas ilustradas, entendidas y capaces que pueden aportar ideas acerca de cómo contribuir a la mejora de las cuentas públicas o al control del déficit eléctrico (atribuido interesada e injustamente a este sector), pero esto debe hacerse sin quebrar la confianza de los ahorradores y de los bancos. Porque se tarda muy poco en destruir la confianza y la reputación, pero mucho tiempo y esfuerzo en restituirla.

*Patricia Ruiz es directora general de Abastecimientos Energéticos.

http://www.cotizalia.com/tribuna/corralito-fotovoltaico-flaca-memoria-20100626-3322.html#