En el año 2004, se publica en el BOE el Real Decreto 436, que establece un marco jurídico para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en España, mediante la concesión de primas a la producción de electricidad mediante esta tecnología. En el año 2007 se le da continuidad a esta norma con el Real Decreto 661. Hoy, los mismos partidos que aprobaron estas regulaciones reniegan de las mismas, con el agravante de que culpan a aquellos ciudadanos que se acogieron a las mismas, de unos males (el déficit tarifario, entre otros) de los que el único responsable es la errática política energética de este país.
Estas normas, emitidas por un país de la Unión Europea y dentro de un marco regulatorio estable, tenían en su momento como objetivo atraer a los inversores a este sector, con el objeto de impulsar el desarrollo de esta tecnología en España, cuando los gobernantes sentían una gran preocupación por el cambio climático, la protección del planeta y el desarrollo de nuevas actividades industriales, que nos convertirían en la potencia mundial de esta tecnología.
Y consiguieron su objetivo: inversores pequeños y grandes, particulares e institucionales, decidieron invertir sus fondos en proyectos amparados por la legalidad y con rentabilidades razonables. Proyectos no sólo de generación de electricidad, sino también de carácter industrial. Y autoridades del Estado, desde el Ejecutivo hasta los miembros de las corporaciones locales, coparon páginas de periódicos y tiempos de información inaugurando nuevos proyectos fotovoltaicos, “que generaban electricidad limpia, empleo y riqueza” para el país. ¡Éramos el país líder de la fotovoltaica en el mundo! ¡Qué flaca memoria!
Sin embargo, mucho se ha dicho, y poco bueno, en los últimos meses acerca de este sector y sus inversores y agentes: en general, comentarios desinformados y sin base. Partidos políticos de todas las tonalidades, empresas y grupos de presión varios han llevado a cabo una ponzoñosa política de desprestigio y de difamación de este sector. Por cierto, todavía no he oído a Greenpeace y los verdes manifestarse a favor de las energías renovables: las energías limpias no interesan a nadie. Y tampoco se ha dado repercusión a las declaraciones de la Comisión Nacional de la Energía negando el tan publicitado “fraude fotovoltaico”. ¡Qué flaca memoria!
Sin entrar en las críticas técnicas y económicas al sector (que, extrañamente, no son de aplicación para países tan “dudosos” como Alemania donde no sufren ningún déficit de tarifa a pesar de incentivar al sector mediante primas), sí quisiera profundizar en el perfil del inversor que ha puesto sus ahorros y confianza en este sector.
Partiendo de la simple asunción de que ahorrar no es delito, sino que, según parece, todo lo contrario, más de 50.000 ahorradores de este país han confiado en los últimos cinco años en el Estado, depositando sus ahorros en proyectos fotovoltaicos. Y les recuerdo: no se trataba de inversiones en “bienes tangibles”, cualquiera que sea el concepto subyacente en esta definición, sino en un sector regulado por el propio Estado.
Porque, ¿qué había de malo en invertir en una actividad amparada por el Estado, que producía electricidad limpia en un momento en que todos creíamos a pies juntillas en el cambio climático (¡qué flaca memoria!); que se instalaba (en la mayoría de los casos) en zonas con menor actividad económica (recordemos que la España soleada es precisamente el sur del país), creando empresas y puestos de trabajo, además de contribuir a las economías locales vía impuestos y aportaciones varias, si se obtenía una rentabilidad del 10%?
Porque esa es la “especulativa” cifra de la que estamos hablando: el inversor fotovoltaico ha realizado inversiones con una rentabilidad esperada algo superior a un habitual coste de capital del 8-9%. Y, por cierto, rentabilidad que aún no han disfrutado, porque en su gran parte están devolviendo a las entidades financieras (que también confiaron en el Estado) los préstamos que, como cualquier ciudadano, solicitaron.
Sí: los mismos bancos que nos ayudaron a todos los españolitos de a pie a comprar una vivienda. Es decir, que si un ahorrador considera que, para colocar sus ahorros en un lugar distinto a los bonos del Estado, requiere una rentabilidad superior al 8-9%, no parece que un retorno del 10% en 25 años sea especulativo. Les recuerdo que el nuevo plan de infraestructuras del Ministerio de Fomento tiene como objetivo incentivar a sus partícipes con rentabilidades en este entorno. ¡Qué contradicción!
Las amenazas del Gobierno de reducir de modo retroactivo (perversa palabra) los ingresos que esos 50.000 ahorradores tenían previsto utilizar en primer lugar para devolver la deuda contraída supondría que los ingresos que generarían sus inversiones no permitirían siquiera devolver la financiación bancaria, quedándose por tanto sin capacidad siquiera de recuperar sus ahorros, llevándoles a la quiebra: es decir, el Gobierno habría atrapado miles de millones de euros de ahorro en unas inversiones legalmente ilíquidas y ruinosas, por las que los ahorradores han pagado los impuestos correspondientes durante estos cinco años, y tendrán la obligación de asumirlos en el futuro, aún sin ingresos suficientes para pagarlos. A mí, eso me recuerda un “corralito”, similar al de De la Rúa en Argentina en 2001. ¡Qué flaca memoria!
Si estos ahorradores han confiado en un marco normativo y es el propio Gobierno el encargado de desmontarlo, ¿serán estos inversores capaces de volver a confiar en su Estado en el futuro? ¿Cómo restituirá el Gobierno la confianza del ahorrador? ¿Y la de los bancos españoles y extranjeros? ¿Cómo podríamos esperar que este muy nuestro “corralito” no se repitiera en otros sectores? Porque no olvidemos que se pueden hacer “corralitos” por muchos medios, todo es empezar… Y miedo me da la creatividad de los políticos, que se están acostumbrando a legislar “a martillazos”.
Hay personas ilustradas, entendidas y capaces que pueden aportar ideas acerca de cómo contribuir a la mejora de las cuentas públicas o al control del déficit eléctrico (atribuido interesada e injustamente a este sector), pero esto debe hacerse sin quebrar la confianza de los ahorradores y de los bancos. Porque se tarda muy poco en destruir la confianza y la reputación, pero mucho tiempo y esfuerzo en restituirla.
*Patricia Ruiz es directora general de Abastecimientos Energéticos.
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