ESTA PLANTA ES UNA RUINA

                                         

CONCHA RASO


Les propusieron un negocio, les aseguraron unos beneficios -con la garantía del
Estado- y decidieron invertir. Sin embargo las reglas del juego cambiaron y
donde dije digo Así comienza la historia de muchas familias españolas que un
buen día decidieron invertir parte o la totalidad de sus ahorros en la compra de
instalaciones solares fotovoltaicas.



Las modificaciones legales llevadas a cabo por el Gobierno en el caso de las plantas solares
fotovoltaicas, han provocado el endeudamiento de muchas familias españolas


En el año 2007, el Estado promulgaba el Real Decreto 661/2007 que incentiva la inversión en plantas fotovoltaicas,
asegurando que el retorno de esa inversión no iba a ser
un problema porque se establecería un precio fijo -primapor la energía vertida a la red.
Se empezaron a construir plantas en determinadas
zonas de España y muchas familias, alentadas por esta
seguridad, comenzaron a adquirirlas. Pero como el
precio era alto, el trámite pasaba por la solicitud de un
préstamo al banco -generalmente por el 80 por ciento
del importe total, aunque en muchos casos por el 100
por ciento del valor de la instalación-, pero con la
garantía de que en el plazo de unos años las plantas
estarían amortizadas y, desde ese momento, comenzarían
a ser rentables.

 Pero la historia no fue así.
El sector siempre ha defendido que uno de los principales problemas que hubo
en España fue que la Administración no supo adaptar la regulación a la evolución
del mercado.

Cuando se estableció el precio de la tarifa en nuestro país en el año 2007, cuyo
valor era similar o incluso más bajo que en otros países de Europa, construir una
planta fotovoltaica salía cara porque los costes de los materiales empleados eran
elevados. Sin embargo, en tan sólo cuatro años, los precios de estos mismos
materiales bajaron un 80 por ciento. En España se siguieron vendiendo los
paneles más caros que en cualquier otro país, pero los costes eran mucho más
bajos y todo el mundo en la cadena de valor tenía margen suficiente para
venderlos aquí. Sin embargo, el que los compraba no veía el precio rebajado y
los materiales para su planta los pagaba a precio de mercado español, es decir,
que sólo se beneficiaron unos cuantos.

Cuando en septiembre de 2007 el Gobierno se da cuenta de que España va a
superar los 400 megavatios de potencia que se había establecido como objetivo
para ese año, decide limitar la construcción de plantas solares fotovoltaicas y
concede un año -hasta el 29 de septiembre de 2008- para terminar las plantas
que estaban en construcción. A juicio del sector, el plazo fue exagerado porque
una planta, con todos los permisos, no se tarda más de seis meses en construir.


Las prisas por cumplir los plazos establecidos y poder acogerse al RD 661
provocaron que, ante la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar después
del 29 de septiembre, se acelerase la construcción de plantas fotovoltaicas y,
ante la escasez en el mercado de suficientes paneles para satisfacer la
inesperada demanda, comenzó a utilizarse material de mala calidad, como
después se ha podido demostrar -inversores que se queman o placas deficitarias
en rendimiento-.

Y vinieron los recortes
El Gobierno decide frenar esta situación y promulga el Real Decreto 1565/2010
que limita a 25 años el cobro de la prima, cuando antes estaba establecido un
precio reconocido durante los 25 primeros años y otro precio menor a partir de los
25 y hasta la vida útil de la planta -luego salieron dos Decretos que subieron la
percepción de la prima hasta los 30 años desde la puesta en servicio de la planta-.
Sobre este asunto, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de
Energías Renovables (Anpier) interpuso un recurso contencioso-administrativo
que el Tribunal Supremo ha desestimado, alegando que las medidas
introducidas “no son contrarias a derecho” y no dañan el principio de
“rentabilidad razonable”.

Posteriormente, el Gobierno promulga el Real Decreto-ley 14/2010 que limita las horas de producción en función de la tecnología utilizada, de manera que,
una vez superada esa barrera, las plantas tienen que vender la energía a precios
de mercado.
Para instalaciones con tecnología fija se limita a 1.250 horas, para las de
seguimiento a un eje a 1.644 horas y para las de seguimiento a dos ejes a 1.707
horas hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de 2014 hay una segunda
limitación que dependerá de la zona en la que la planta se encuentre instalada.
Este mismo RDL también introduce el pago de un peaje de 0,5 euros por
megavatio hora que los propietarios de las plantas están obligados a pagar por
distribuir la energía eléctrica.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional de Energía
(CNE), durante el pasado mes de agosto las instalaciones fotovoltaicas
empezaron a alcanzar los límites de horas de operación equivalente con derecho
a percibir las primas. La existencia de estos límites, que se han alcanzado este
año antes que en 2011 porque ha habido más irradiación, conlleva que la
tecnología fotovoltaica cobrará las mismas primas que el pasado año.
Esta situación, unida al nuevo impuesto del 6 por ciento a la venta de electricidad
incluido en la reforma energética, eleva al 36 por ciento el recorte en la
retribución del sector fotovoltaico desde 2010.


Todo esto hace que las familias que habían confiado sus ahorros en un proyecto
de inversión a largo plazo, atractivo por su rentabilidad, se haya convertido en
una pesadilla. Con estos recortes, muchas de ellas no pueden hacer frente a los
créditos que solicitaron para la compra de sus plantas porque las cuentas ya no
les salen y, otras muchas, tienen que poner dinero de su propio bolsillo. Todos se
quejan de la gran inseguridad jurídica y de que han pagado el pato de una
situación que se le fue de las manos al Gobierno y que, finalmente, ha
repercutido en el más débil.

Y para colmo de males, hace unos días se conocía la noticia que anunciaba el
hecho de que los productores de energía solar fotovoltaica tendrán que esperar,
al menos, hasta mediados de 2013 para empezar a recurrir el recorte de ayudas
que limita el número de horas con derecho a prima.

La Audiencia Nacional ha confirmado que los recursos deberán presentarse una
vez que la CNE cuente con las liquidaciones definitivas del año y no con cada
liquidación provisional. El primer año en el que se aprecia el recorte de primas es
2011, pero todavía no se puede recurrir porque no está disponible la liquidación
definitiva y, previsiblemente, no lo estará hasta mediados de 2013. Al parecer, la
Audiencia también ha pedido a las asociaciones que los recursos se presenten
lo más agrupados posible para evitar colapsar los juzgados.



Recortes en el
sector fotovoltaico
■ RD 1565/2010, que reduce a
veinticinco años el cobro de la
prima para una instalación
fotovoltaica.
■ RDL 14/2010, que limita las
horas de producción de una
instalación para el cobro de la
prima. También introduce un
peaje de 0,5 euros pormegavatio
hora por distribuir la energía
eléctrica producida.
■ Impuesto del seis porciento a
la producción de electricidad que
recoge el proyecto de ley de
medidas fiscales para la
sostenibilidad energética


Arbitraje
internacional
Un total de catorce fondos de
inversión y empresas
energéticas extranjeras han
demandado al Gobierno español
por los recortes retroactivos
establecidos en el RD-ley
14/2010. Los inversores
internacionales cifran en 2.000
millones de euros sus
inversiones en el sector
fotovoltaico español y en 270
megavatios la potencia de la que
son titulares en España. Entre
todos ellos gestionan
conjuntamente más de 22.000
millones de euros

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Mariano
Colás          
Beato
Informático


“Soy propietario de cuatro
instalaciones de 5 kW de
potencia cada una, en las que
he invertido algo más de
200.000 euros. Me lo planteé
como un plan de pensiones.
Las amortizabas en 10 años y
el dinero que te ibas sacando
lo veía como un complemento
a la jubilación. Sin embargo, el
Gobierno decide, por el artículo
33, cambiar las reglas del
juego y, ahora, tengo que poner dinero de mi bolsillo para
hacer frente a los préstamos. Yo sigo creyendo en este
proyecto, pero en este país sale gratis hacer daño”.

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Pablo Labiano
Jaúregui
Comercial
empresa de
hormigones



“Mi hermano y yo somos
propietarios de una planta
fotovoltaica de 100 kW en
Castuera (Badajoz) que se
puso en marcha en 2008. Nos
costó 840.000 euros que
financiamos a 7 años con un
préstamo ICO. Por culpa de los
recortes tenemos que poner
30.000 euros al año de nuestro
bolsillo. Lo indignante es haber
confiado en que la inversión
era segura porque el Estado lo garantizaba mediante Real
Decreto. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de la gran
inseguridad jurídica que tenemos en este país”.
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Ramón
Salviá
Sangrá
Técnico cooperativa
agrícola


“Soy natural de Linyola, un
pequeño pueblo de Lérida.
Hace unos años, doce
agricultores de la zona y yo
decidimos hacer una
instalación, que comenzó a
funcionar en verano de 2008.
Mi planta es de 50 kW e invertí
unos 400.000 euros,
financiando el 80 por ciento a
siete años con una línea ICO.
Pero con todos los cambios
que se han producido, vivo en una inquietud permanente.
Yo gano 1.500 euros al mes y mi mujer no trabaja y todos
los ahorros que teníamos los hemos invertido en la planta”

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P.N.P.
Instalación de
100kW en Jumilla
(Murcia)



El propietario de esta
instalación hipotecó todo lo que
tenía para que el banco le
concediera un préstamo por el
80 por ciento del coste total de
la planta (800.000 euros). “La
publicidad que hizo el IDAE y el
RD que garantizaba la prima,
me hizo confiar en que todo
saldría bien, pero ahora me
siento estafado”, afirma este
propietario. “Actualmente me
encuentro renegociando el préstamo a unas condiciones
peregrinas para ampliar el número de años con el fin de
poder hacer frente a los pagos”, comenta este afectado

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Sociedad
Zarapicos
Golf 97, S.L.




Uno de los responsables de
esta sociedad invirtió 800.000
euros en la compra de 100 kW,
animado por el banco donde
tenía su plan de pensiones.
“Me lo pusieron bastante fácil y
me dijeron que no me
preocupara porque la inversión
contaba con la garantía del
Estado. Con la planta no cubro
gastos. Desde que la tengo no
he sacado un euro y cuando
ha habido algún pago extra, he tenido que poner dinero. El
problema es que estoy enganchado porque nadie en su
sano juicio me la compraría”, se queja este ciudadano.

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G.G.B
Administrador de
“C. Solar, S.L.”



“Hipotequé mi casa y mi
negocio para conseguir la
financiación”, explica el
propietario. “En enero de 2013
no podré pagar la cuota y me
quedo sin planta y sin casa.
Además, la gente está muy
confundida. Nosotros no
recibimos una subvención,
recibimos una prima. Yo hace 4
años no tenía deudas, y ahora
me veo en la ruina por confiar
en un Real Decreto de un país que tiene la misma
seguridad jurídica que Chiquitistán”, se queja el afectado.
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fuente : http://s01.s3c.es/pdf/1/e/1e234536a653324a128709c4ff6423ed_energia.pdf

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Desde este humilde bloc doy mis mas sincero apoyo a las personas que valientemente han expuesto su problema a que la opinión publica se de cuenta del robo y estafa que han hecho nuestros políticos empezando por el sebastian alias el bombillas y el Soria que a la chita callando la ha continuado, bueno os dejo el vídeo que como no podría ser de otro modo  es una continuación a esta estafa encubierta del BOE

Subido por aguilareal59 el 13/02/2011

joder ya hace mas de un año que seguimos con esta estafa